A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
El Departamento de Estado ha designado a cuatro funcionarios del régimen cubano por su participación en la detención arbitraria y la condena de Luis Robles Elizástigui, quien fue arrestado mientras protestaba en La Habana, Cuba, en diciembre de 2020, portando un cartel que decía "Libertad" y "No más represión". Robles Elizástigui fue acusado de “desobediencia” y “propaganda enemiga”, según grupos de derechos humanos.
Robles Elizástigui fue puesto en libertad condicional en enero tras cumplir la mayor parte de su condena. Sin embargo, el régimen ha limitado severamente su libertad de movimiento y expresión.
El secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado, acusó a los jueces y fiscales cubanos de ser “agentes del régimen” y de desempeñar “un papel crítico en estas detenciones y procesamientos arbitrarios”.
“Son responsables de los procesos legales fraudulentos que injustamente atacan, condenan y sentencian a individuos por expresiones pacíficas y activismo”, dijo.
El secretario Rubio también llamó la atención sobre los recientes arrestos de dos presos políticos que, según dijo, están siendo devueltos a la cárcel por "motivos frívolos". El primero es el activista de derechos humanos José Daniel Ferrer, quien fundó un grupo de oposición llamado Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011. Ferrer fue arrestado nuevamente en abril por presuntamente violar los términos de su libertad condicional, apenas tres meses después de su liberación.
El segundo disidente arrestado nuevamente en abril fue Félix Navarro. Fue detenido tras presuntamente violar las condiciones de su libertad condicional. Navarro fue arrestado inicialmente y condenado a nueve años de prisión tras las manifestaciones nacionales del 11 de julio de 2021 contra el gobierno, las más grandes desde la revolución cubana de 1959.
En respuesta a estos abusos de derechos, el Departamento de Estado designó a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama. Como resultado, estos funcionarios del régimen y sus familias no pueden ingresar a Estados Unidos. Los cuatro trabajan en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde supervisaron el procesamiento, la condena y la sentencia de Robles Elizástigui en nombre del régimen.
“Estas designaciones son una prueba más del compromiso de la Administración Trump de exigir responsabilidades a los funcionarios del régimen cubano implicados en violaciones de derechos humanos”, declaró el secretario Rubio. “Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para defender los derechos humanos del pueblo cubano y alentamos a nuestros aliados y socios a hacer lo mismo”.
Foro